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La CEOE sitúa la vivienda en el primer plano de la agenda económica, con una propuesta de 32 medidas para su mejora

Entre ellas están: reactivar la producción, facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, fomentar el mercado del alquiler eficiente y ágil, y promover la formación de mano de obra en el sector

Noticia del sector

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) acaba de publicar un informe en el que pone la vivienda en el primer plano de la agenda económica y considera de enorme interés que “se proceda a la aprobación de una normativa de ámbito estatal, con rango de Ley, que la regule”.

En su informe, la CEOE deja claro que la vivienda tiene un inmenso peso en la economía española. En el año 2018, la inversión en vivienda se situó en alrededor de los 68.000 millones de euros, concentrando el 26,4% del total de la inversión realizada en nuestro país, y cuya cuantía equivale al 5,6% del PIB. Además, añade que, en la construcción de viviendas, y en actividades vinculadas al sector, trabajan más de 1,2 millones de ocupados, lo que supone el 6,3% del total del empleo en España, según datos de la EPA relativos a 2018.

El texto se acompaña de 32 propuestas para la mejora de la vivienda, 8 de ellas centradas en el ámbito del alquiler:

1. Reactivar la producción de vivienda. La existencia de stock de vivienda no debe marcar el ritmo de producción de vivienda del país.

2. Facilitar el acceso a la vivienda. Los más afectados ante esta situación son las familias de rentas medias y los jóvenes.

3. Priorizar el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, junto a la necesaria protección del derecho constitucional a la propiedad privada. La patronal manifiesta su desacuerdo con “cualquier medida de naturaleza expropiatoria, de control de precios o relativas a la imposición de sanciones a viviendas vacías”.

4. Reducir los costes de producción de la vivienda. La CEOE considera importante mejorar los procedimientos administrativos e incorporar la industrialización en el proceso constructivo para situar en el mercado viviendas con calidad, eficientes energéticamente, pero a precios a los que la demanda pueda acceder.

5. Poner en carga todo el suelo destinado a vivienda social, retenido en manos de las distintas Administraciones Públicas. Solicitan que se haga un inventario de su suelo destinado a vivienda social disponible y procedan a su desbloqueo.

6. Armonizar, simplificar y flexibilizar las normas urbanísticas, reduciendo las cargas administrativas ligadas a la construcción de viviendas o agilizando los plazos de concesión de licencias, entre otras medidas.

7. Impulsar la declaración responsable y arbitrar mecanismos que proporcionen una mayor seguridad jurídica al empresario.

8. Configurar las Leyes del Suelo nacional y autonómicas, así como los diferentes planes de ordenación urbana municipales, como normas "marco".

9. Incrementar la dotación presupuestaria para la promoción de vivienda protegida.

10. Incrementar el Precio Básico Nacional.

11. Promover la formación de mano de obra para la construcción. “A pesar de los altos niveles de paro en España, existe escasez de mano de obra en la construcción, lo que conlleva un encarecimiento de costes que redunda en una vivienda más cara”, se explica en el informe.

12. Eliminar la subjetividad e incertidumbre existentes actualmente en la normativa y en los criterios interpretativos de la misma en relación a la edificación, tanto en ejecución de obra nueva, como en rehabilitación, conservación y mantenimiento de edificios.

13. Eliminar la actual rigidez existente en el sistema de calificación y de usos.

14. Fomentar la integración y simultaneidad de usos urbanísticos.

15. Reducir la fiscalidad sobre la vivienda. Además, exigen que se apliquen bonificaciones fiscales ligadas a la calificación energética de los edificios y una reducción del IVA para las rehabilitaciones de viviendas que realizan los particulares.

16. Modificación del tipo de IVA en operaciones de cesión de uso/derecho de superficie de suelos para la construcción de vivienda protegida.

17. Crear un marco jurídico estable que viabilice la financiación hipotecaria y seguridad jurídica en el urbanismo.

18. Promover una mayor profesionalización de los agentes intervinientes en el sector inmobiliario.

19. Promover una regulación razonable de los Administradores de Fincas.

20. Modificar los parámetros de limitación de viviendas por el de habitantes. En su opinión, la superficie construida debería evolucionar hacia la superficie útil habitable.

21. Aumentar las actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana.

22. Aprobar una ley para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito urbanístico.

23. Potenciar los Ejes Terciarios de las ciudades, aumentando su número y desarrollo.

24. Tomar en consideración las normativas que se están generando en el comité técnico de normalización, en materia de ciudad y edificio inteligentes (CTN 178 de UNE).

25. Incrementar el parque de viviendas en alquiler, ámbito en el que la iniciativa privada adquiere un papel principal.

26. Incentivar a los propietarios de viviendas, evitando políticas y legislación tendente a la vulneración del derecho a la propiedad privada.

27. Promover medidas que desarrollen un mercado del alquiler eficiente y ágil y salvaguarden, de manera equilibrada, los intereses de propietarios e inquilinos.

28. “El establecimiento de precios de referencia del alquiler o cualesquiera limitaciones de precios es contrario a la ley de la oferta y la demanda, y al concepto de propiedad; y máxime, en todos aquellos supuestos en los que no se haya contado con ayudas públicas en su ejecución”.

29. Canalizar la financiación a la promoción del parque de viviendas en alquiler.

30. Promover la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que en la tramitación de los procesos en materia arrendaticia las personas jurídicas puedan tener acceso al juicio verbal, igual que las personas físicas.

31. Fomentar la financiación de las promociones para alquiler de VPO, mediante convenios con la banca o el ICO.

32. Establecer, o en su caso aumentar, las deducciones fiscales para arrendadores y arrendatarios.

 

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